COLOMBIA, Julio 13 de 2026. A pocos días de entregar el mando presidencial, el Gobierno de Gustavo Petro anunció que dejará radicado un proyecto de ley para prohibir de forma definitiva el fracking en Colombia. La iniciativa, que será presentada oficialmente el 20 de julio durante la instalación del nuevo Congreso para el periodo legislativo 2026-2030, busca sentar las bases legales para impedir la fracturación hidráulica, técnica considerada por la administración saliente como un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los ecosistemas del país.
El anuncio estuvo a cargo del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien indicó que el proyecto se presentará en conjunto con congresistas del Pacto Histórico para proteger recursos hídricos y la vida en los territorios. Según el funcionario, varios estudios respaldan la decisión, los cuales evidencian los impactos negativos que la práctica podría generar en Colombia, especialmente en zonas vulnerables.
El ministro Palma recalcó que durante décadas diferentes gobiernos impulsaron el fracking como estrategia para aumentar la producción de hidrocarburos, pero los resultados no cumplieron las expectativas. Añadió que desde la actual administración se defenderá la transición energética, enfocándose en energías renovables y limpias para garantizar la sostenibilidad ambiental y social.
Contexto y diferencias con el gobierno entrante
El proyecto llega en medio de un claro contraste con el gobierno entrante, liderado por el presidente electo Abelardo De La Espriella, quien ha manifestado su interés en retomar la exploración y producción de hidrocarburos mediante técnicas no convencionales, incluido el fracking. El mandatario electo considera que estas tecnologías pueden mejorar la seguridad energética del país y aumentar la producción de petróleo y gas.
Sin embargo, De La Espriella ha señalado que cualquier desarrollo en este campo deberá cumplir estríctamente con la legislación ambiental vigente, excluyendo áreas protegidas como páramos y zonas ambientalmente sensibles. Este matiz será clave para el debate legislativo que se espera en el nuevo Congreso, donde la incidencia política y las mayorías parlamentarias definirán el futuro del proyecto que presentará el Gobierno saliente.
Avances en energías renovables y balance sectorial
El anuncio del proyecto coincidió con la puesta en marcha de dos iniciativas de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en Cesar, que forman parte de la apuesta por la transición energética del Gobierno Petro. Con una inversión de 36.000 millones de pesos, estos proyectos cuentan con 2.494 paneles solares que suministrarán energía a más de 4.300 habitantes.
El Ministerio de Minas y Energía calcula que las plantas producirán alrededor de 1.870 megavatios hora (MWh) anuales y evitarán la emisión de cerca de 340 toneladas anuales de dióxido de carbono, con una vida útil estimada en 25 años. Para el ministro Palma, estas iniciativas evidencian que la transición hacia energías limpias no sólo es ambientalmente necesaria, sino que también tiene un impacto social positivo, especialmente en territorios históricamente excluidos.
Adicionalmente, el ministerio reveló que Colombia cuenta con 848 comunidades energéticas que benefician a más de 567.000 personas y suman una capacidad instalada de 29,68 megavatios pico (MWp), con inversiones que superan los 382.900 millones de pesos. Este panorama refleja un avance considerable en la democratización del acceso a la energía renovable en el país.
Transición política y continuidad institucional
En el marco del proceso de empalme con la administración entrante, el ministro Palma destacó que, aunque algunos espacios de articulación institucional no continuarán, el Ministerio de Minas y Energía mantendrá abiertos los canales de información para asegurar la continuidad en la gestión sectorial durante la transición de gobierno.
El proyecto de ley para prohibir el fracking representa una de las apuestas más significativas del Gobierno de Gustavo Petro en materia energética y ambiental. No obstante, su aprobación dependerá en gran medida de las fuerzas políticas que integren el nuevo Congreso y de la decisión que tome la próxima administración en cuanto a la política energética y ambiental del país.
La iniciativa simboliza también un momento de coyuntura en la política económica de Colombia, donde la transición energética y el debate sobre la exploración de hidrocarburos marcarán las agendas legislativas y gubernamentales en los próximos años.
Redacción BusinessCol
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