COLOMBIA, Octubre 23 de 2026. El Gobierno nacional anunció un recorte de $13,8 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia fiscal 2026, según queda establecido en el Decreto 1585 de 2026 publicado inicialmente junto con el decreto del presupuesto para 2027 por $634,9 billones. De esta reducción, $4 billones corresponden al servicio de la deuda, lo cual se atribuye en buena parte al comportamiento favorable de la tasa de cambio, mientras que casi $6,8 billones fueron descontados por reducciones en contratación estatal.
La entidad con la mayor disminución fue el Instituto Nacional de Vías (Invías), que sufrió un recorte de $1,44 billones, equivalente al 10,46 % del total de la reducción. Le siguió la Aeronáutica Civil con $949.142 millones de recorte (6,87 %), la Registraduría Nacional del Estado Civil con $775.000 millones (5,61 %) y la Rama Judicial con $696.496 millones (5,04 %).
Otros sectores afectados con reducciones importantes fueron la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), con ajustes por $393.306, $369.569 y $367.472 millones, respectivamente, que en conjunto representaron más del 8 % del recorte total. Asimismo, los presupuestos del Ministerio del Interior y del Ministerio de Trabajo se recortaron en $274.639 millones y $271.526 millones, respectivamente.
En el Decreto también se incluye la reducción de recursos para la Fiscalía General de la Nación ($260.599 millones), la Superintendencia de Notariado y Registro ($258.610 millones), la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) con $255.272 millones, y el Ministerio de Hacienda, que no estuvo exento del ajuste con un recorte de $252.094 millones (1,83 % de la reducción total).
El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que «el ajuste fiscal está en marcha» y destacó que con el decreto el Gobierno concreta el primer gran ajuste de 2026, que incluye una baja de $3 billones en gastos de funcionamiento, disminución de contratos de prestación de servicios y la eliminación de compras innecesarias. Además, enfatizó que el recorte al servicio de la deuda fue posible gracias a la dinámica de la tasa de cambio y anunció que continuará adoptando medidas para reducir el gasto público, eliminar despilfarros y poner en orden las finanzas públicas.
El Ministerio de Hacienda explicó que el recorte fue ordenado tras una sesión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) el pasado 19 de agosto, que instruyó adelantar los trámites para reducir o aplazar apropiaciones presupuestales hasta por el monto necesario para cumplir con los requerimientos legales y constitucionales. Posteriormente, el Consejo de Ministros autorizó la reducción de partidas por hasta $21,9 billones, por lo que el Gobierno aún podría realizar ajustes adicionales por aproximadamente $8,1 billones en lo que resta del año.
El jefe de la cartera económica, Miguel Gómez, indicó que estas medidas buscan contener el deterioro de las finanzas públicas al reducir el déficit fiscal, el cual se esperaba bajar de 8,2 % a 7,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) este año. También se pretende disminuir el déficit primario del 4,4 % al 3,3 % del PIB mediante los ajustes al PGN.
Respecto al déficit fiscal, los datos más recientes indican que a agosto de 2026 se ubicó en 4,6 % del PIB, cifra superior al 4,2 % registrado a igual fecha en 2023. Esto significa que entre septiembre y diciembre el Gobierno dispondrá de un margen de 2,6 puntos porcentuales para alcanzar la meta anual fijada. Por otro lado, el endeudamiento se mantuvo al alza, con una deuda bruta que llegó al 60,6 % del PIB en agosto, aumento que se explica en parte por el crecimiento de los TES a corto plazo.
En cuanto al costo del financiamiento, el informe del Comité Asesor para la Regla Fiscal (Carf) subraya que el gasto en intereses alcanzó el 27,8 % de los ingresos tributarios hasta agosto, por encima del promedio histórico cercano al 24,4 %. Esto implica que casi $28 de cada $100 por concepto de impuestos fueron destinados al pago de intereses por deuda pública, lo que refuerza la necesidad de las medidas de austeridad anunciadas.
Otros entes con recortes considerables incluyen al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), así como la Policía Nacional, Procuraduría General, Ministerios de Minas y Energía, Vivienda, el ICBF, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Superintendencia de Salud, entre más de 90 entidades y corporaciones que vieron disminuidos sus recursos asignados para 2026.
Estas medidas reflejan la intención del Gobierno de mantener la disciplina fiscal y ajustar el gasto público en áreas estratégicas, priorizando la sostenibilidad de las finanzas estatales en un contexto de presión creciente por el servicio de la deuda y el déficit estructural.
Redacción BusinessCol
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