COLOMBIA, September 4 de 2026. El Ministerio de Hacienda presentó ante el XXXVIII Congreso Nacional de Exportadores un diagnóstico fiscal crítico sobre la situación económica heredada por el actual Gobierno, atribuyendo el deterioro de las finanzas públicas al aumento acelerado del gasto de funcionamiento durante la administración anterior. En este contexto, la cartera económica expuso la necesidad de implementar un ajuste fiscal que garantice la estabilización de las cuentas públicas y el resguardo de la inversión estratégica del país.
Andrés Quevedo, viceministro general de Hacienda, sostuvo que Colombia gastó consistentemente por encima de la capacidad de sus ingresos, situación que fue financiada principalmente con deuda y que hoy limita el espacio fiscal para fomentar el crecimiento, la productividad y la inversión social. Según el funcionario, el presupuesto que fue devuelto por el Congreso no reflejaba las obligaciones reales del Estado, por lo que el Ministerio propuso un nuevo presupuesto denominado «presupuesto de la verdad», que incorpora cerca de 59,3 billones de pesos en compromisos omitidos inicialmente, entre los que se incluyen compromisos en pensiones, salud, educación superior, gastos de personal y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
El ajuste fiscal anunciado por Hacienda asciende a 21,9 billones de pesos, con el propósito de comenzar a corregir el déficit primario desde un estimado de 4,4% del PIB sin recortes hasta 3,3% para el cierre de 2026. De esta cifra, 14,7 billones corresponden a obligaciones fiscales ineludibles, mientras que 7,2 billones se destinarán a recortes que permitan iniciar la estabilización fiscal. Para 2027, el Gobierno planea avanzar con una Ley de Rescate Económico que podría reducir el déficit primario a 2,3% del PIB, frente a un escenario no intervenido que podría escalar a 4,5%, manteniendo el déficit total en torno al 7,2%.
El viceministro Quevedo aclaró que dicho ajuste inicial marca el comienzo de una senda gradual hacia la sostenibilidad fiscal prevista para 2030, en la que se busca preservar el funcionamiento estatal sin comprometer la inversión y el crecimiento sostenible del país. Este llamado a la responsabilidad fiscal se fundamenta en la necesidad de recuperar la confianza inversionista y evitar presiones inflacionarias que han caracterizado el último período, particularmente ante el incremento del salario mínimo que ha afectado tanto la inflación observada como las expectativas económicas.
La herencia fiscal: gasto alto y menor inversión
Uno de los aspectos centrales de la exposición fue la crítica al modelo de gasto que predominó durante el Gobierno anterior, en el que se incrementó desproporcionadamente el gasto de funcionamiento, mientras la inversión pública experimentó un crecimiento mucho más modesto. Quevedo describió esta situación como un desequilibrio donde el gasto corriente absorbió cada vez más recursos sin fomentar la productividad ni los beneficios futuros que brinda la inversión en infraestructura, ciencia o desarrollo social.
El diagnóstico señala que esta composición del gasto dificulta aún más la reducción del déficit, debido a que gran parte del gasto de funcionamiento corresponde a sectores rígidos como pensiones, salud, el Sistema General de Participaciones y el funcionamiento estatal, aspectos que limitan el margen para reasignar recursos hacia la inversión.
Este desequilibrio, sumado al endeudamiento para cubrir el déficit de recursos, ha incrementado el costo de la deuda pública y presionado las tasas de interés, obligando al Banco de la República a mantener una política monetaria restrictiva para contener la inflación y preservar la confianza inversionista. El viceministro destacó que estas condiciones no solo afectan a las finanzas del Estado, sino que también impactan negativamente en las decisiones de inversión y consumo de hogares y empresas.
Retos en productividad, inversión y competitividad cambiaria
Además de la situación fiscal inmediata, Hacienda pone en relieve un problema de fondo: la baja productividad y el menor crecimiento potencial de la economía colombiana. Según la cartera, la productividad laboral presenta niveles bajos y la tasa de crecimiento tendencial habría disminuido desde 3,4% a cerca de 2,6% anual, cifras que afectan directamente la capacidad de generación de riqueza y oportunidades.
El Ministerio estima que para revertir estas tendencias se requiere elevar la inversión del actual 16%-17% hasta cerca del 23%-25% del PIB, objetivo que demanda atraer mayor inversión extranjera y nacional con un entorno que facilite la iniciativa privada sin interferencias fiscales ni distorsiones cambiarias.
Por ello, Hacienda alertó sobre los riesgos de que el sector público realice acciones que generen volatilidad en la tasa de cambio, lo que podría afectar la competitividad de los exportadores y, en consecuencia, la recuperación económica. En esta línea de pensamiento, el viceministro enfatizó la importancia de un marco económico con seguridad jurídica y física para estimular la inversión y orientar a Colombia hacia un crecimiento sostenible.
El mensaje final del viceministro Quevedo resalta la necesidad de avanzar en simultáneo en consolidación fiscal, confianza, recuperación de la inversión y protección social. «El crecimiento es el mejor ajuste fiscal que podemos tener», concluyó, señalando que estas acciones conjuntas permitirán encaminar la economía hacia un futuro más sólido y próspero para todos los colombianos.
Redacción BusinessCol
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