COLOMBIA, Agosto 12 de 2026. Dos días después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió principalmente el occidente colombiano, el Gobierno Nacional ha anunciado un conjunto de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la emergencia. La respuesta rápida del presidente Abelardo De La Espriella tuvo como primera acción el liderazgo de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en Bogotá donde se establecieron las primeras estrategias para atender la crisis.
Entre las medidas económicas más destacadas está la definición de un nuevo calendario para el pago de impuestos de renta, retenciones y autorretenciones en la fuente para los contribuyentes residentes en las ciudades más afectadas. Esta suspensión temporal en las fechas de pago busca aliviar la situación financiera de los ciudadanos impactados por la emergencia y está vinculada también a los daños sufridos por algunas sedes de la DIAN en zonas como Cali, Pereira, Manizales, Armenia, Popayán, entre otras, que han imposibilitado la atención presencial y la prestación normal de sus servicios.
El aplazamiento de impuestos representa un impacto temporal en las finanzas públicas, estimado en 624.000 millones de pesos, de los cuales 213.000 millones corresponden al impuesto de renta de personas naturales y 411.000 millones a las retenciones y autorretenciones. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aclaró que no se trata de una condonación sino de un plazo con el que se busca apoyar a los contribuyentes en su recuperación económica tras el desastre.
La declaración de emergencia económica es otra medida fundamental anunciada por el Ejecutivo, la cual permitirá la adopción de acciones extraordinarias para responder de manera ágil a las múltiples necesidades generadas por el terremoto. Esta herramienta habilita al Gobierno para priorizar la reasignación de partidas presupuestales vigentes del Presupuesto General de 2026 en lugar de recurrir inicialmente a la creación de nuevos impuestos, insistiendo en que la atención prioritaria se centrará en las personas afectadas.
Además de la reasignación interna de recursos, el Ejecutivo activará un crédito externo con el Banco Mundial por hasta 450 millones de dólares, fondos que podrían estar disponibles en cuestión de días, fortaleciendo la capacidad financiera para la atención y reconstrucción en las zonas afectadas.
En paralelo, el Gobierno firmó el decreto que declara el desastre nacional, instrumento que facilita la movilización y disposición de los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGDR). Actualmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dispone de aproximadamente 35.000 millones de pesos para atención inmediata, cifra que puede incrementarse mediante movimientos presupuestales conforme avance la evaluación de daños y necesidades.
La declaratoria de desastre nacional no solo agiliza el uso de recursos para atender la emergencia, sino que también permite un mayor margen para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en distintos frentes durante los próximos meses. La prioridad, según el Ministerio de Hacienda, será la ejecución eficiente por parte de la UNGRD para brindar apoyo urgente a las comunidades más afectadas, mientras las autoridades continúan consolidando información precisa sobre el impacto del sismo.
Estas acciones forman parte del compromiso gubernamental de responder con prontitud a la calamidad natural, articulando esfuerzos entre las entidades públicas, recursos nacionales y cooperación internacional, con el fin de mitigar los impactos sociales y económicos del terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026.
Redacción BusinessCol
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