COLOMBIA, Agosto 14 de 2026. El terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, ha generado una emergencia nacional afectando 15 departamentos y 426 municipios en el país, según registros oficiales. Frente a la crisis provocada por este fenómeno natural, que ha dejado un saldo lamentable de 284 fallecidos, 3.977 personas heridas y 379 desaparecidas, así como daños severos en infraestructura, diversos actores políticos, gremiales y territoriales han solicitado la activación y flexibilización del mecanismo de Obras por Impuestos para facilitar la reconstrucción de las zonas afectadas.
Actualmente, Obras por Impuestos está limitado a municipios que hacen parte de las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (ZOMAC) y los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este instrumento legal permite a personas naturales o jurídicas cumplir con obligaciones tributarias a través de inversiones directas en proyectos que aportan al desarrollo económico y social de territorios vulnerables, priorizando el cierre de brechas socioeconómicas.
Con base en los datos oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto afectó 84.360 viviendas, de las cuales 12.597 quedaron totalmente destruidas. En infraestructura pública la emergencia impactó 240 centros de salud, 2.205 establecimientos educativos, 210 vías, 73 sistemas de acueductos y 44 puentes vehiculares, evidenciando la magnitud de los daños y la urgencia de mecanismos efectivos para la recuperación.
Entre las propuestas para abordar esta situación, la senadora Julia Correa Nuttin, del Centro Democrático, ha solicitado formalmente reactivar Obras por Impuestos para la atención de esta emergencia. De igual manera, el gerente de Grupo Argos mencionó en una entrevista televisiva que el Gobierno Nacional estaría evaluando la implementación de esta figura para acelerar la reconstrucción. En este mismo lineamiento, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), presidida por Julián Sánchez, enfatiza en la necesidad de maximizar el uso de este instrumento, proponiendo una flexibilización extraordinaria.
La estrategia gremial sugiere que las empresas sujetas al pago del impuesto de renta puedan destinar hasta el 50 % de su impuesto a cargo a proyectos de reconstrucción en las zonas afectados por el sismo, ampliando el alcance geográfico del mecanismo más allá de los territorios tradicionales a los que está restringido hoy en día.
El régimen normativo que regula Obras por Impuestos está basado en los decretos 1650 y 893 de 2017, y se encuentra complementado por el Decreto 1625 de 2016, que regula la materia tributaria única. La Agencia de Renovación del Territorio (ART), junto con el Departamento Nacional de Planeación y diferentes ministerios sectoriales, tiene a cargo la coordinación y supervisión de este mecanismo para garantizar que los proyectos cumplan con los estándares de calidad y pertinencia.
Este mecanismo opera por dos modalidades: la Opción Fiducia y la Opción Convenio. En ambas modalidades, las empresas pueden presentar proyectos de forma individual o en alianza con otras entidades para atender sectores prioritarios como salud, educación pública, agua potable y saneamiento, energía y conectividad tecnológica, infraestructura de transporte y productiva, bienes públicos rurales, adaptación al cambio climático, gestión del riesgo, así como infraestructura cultural y deportiva.
Para asegurar la viabilidad técnica y social de los proyectos, estos deben estar inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión de Obras por Impuestos, superando los análisis de prefactibilidad y factibilidad, y recibiendo el concepto favorable de la entidad nacional competente.
Además de la reforma al marco de Obras por Impuestos, Fedemunicipios ha planteado un paquete de seis estrategias para la atención inmediata de la emergencia, que incluye el uso excepcional de recursos del Sistema General de Participaciones y la flexibilización en el manejo de regalías, buscando otorgar liquidez oportuna a las administraciones locales para acelerar la recuperación integral de las comunidades afectadas.
La propuesta de fortalecer y ampliar el uso de Obras por Impuestos representa un llamado a la responsabilidad social empresaria y a la celeridad en la reparación de las infraestructuras críticas para el bienestar y desarrollo económico de las regiones devastadas por el sismo, constituyéndose en una herramienta jurídica y financiera clave para mitigar el impacto socioeconómico y reconstruir el tejido social y productivo en las zonas de desastre.
Redacción BusinessCol
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