COLOMBIA, Julio 23 de 2026. La reforma tributaria presentada por el Gobierno de Gustavo Petro continúa generando fuertes cuestionamientos desde distintos sectores económicos del país. Expertos y exfuncionarios advierten que la propuesta podría elevar la carga impositiva sobre empresas, personas naturales e inversionistas, afectando el crédito, la inversión, la competitividad y, en última instancia, el crecimiento económico de Colombia.
Una de las principales críticas se centra en las posibles afectaciones al sector financiero por la mantención de una sobretasa que llevaría la carga tributaria hasta cerca del 50 % sobre la renta. Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, señala que este nivel de tributación encarecería el crédito para hogares y empresas, reduciendo la capacidad del sistema financiero para financiar nuevos proyectos productivos, lo cual iría en contra de los objetivos de inversión que requiere el país.
Asimismo, el exfuncionario manifestó dudas sobre la viabilidad política de la iniciativa y advirtió que el tiempo limitado del actual Gobierno complicaría su aprobación en el Congreso, lo que podría motivar que la próxima administración replantee esta reforma tras analizar la situación fiscal.
Otra de las preocupaciones recae sobre el incremento de impuestos al sector extractivo, con mayor gravamen para minería e hidrocarburos. Londoño enfatiza que, en un contexto en el que Colombia requiere fortalecer la soberanía energética y asegurar recursos fiscales, aumentar la carga tributaria en estas actividades podría generar efectos contraproducentes para la economía y el abastecimiento energético.
Desde la perspectiva ambiental y de transición energética, la propuesta de aumentar el IVA para vehículos híbridos también resultó cuestionada, pues elevaría el costo de tecnologías alternativas que están en línea con los objetivos de sostenibilidad nacionales.
Las reformas fiscales no se limitan solo a las empresas. En materia de personas naturales, se plantea eliminar deducciones por dependientes, como los gastos en educación de los hijos, lo que incrementaría la carga tributaria para hogares con capacidad económica limitada. Además, se proponen ajustes en el impuesto sobre dividendos, con un aumento en la retención del 20 % al 30 % y la eliminación de alivios tributarios para ingresos superiores a 57 millones de pesos anuales. Esto, según expertos, podría desincentivar la inversión, afectar la rentabilidad y disminuir la competitividad frente a capital extranjero.
Andrés Durán, abogado especialista en derecho tributario, advierte que modificaciones al tratamiento del componente inflacionario de los rendimientos financieros podrían duplicar la carga fiscal sobre este tipo de ingresos, impactando negativamente la rentabilidad de inversiones como CDT y fondos colectivos. Asimismo, el proyecto contempla un aumento en las tarifas progresivas del impuesto de renta para personas naturales, elevando la máxima hasta el 41 % y ampliando el número de contribuyentes afectados, con un umbral para impuesto al patrimonio fijado en 2.200 millones de pesos y tarifas que podrían alcanzar hasta el 5 %.
El sector de combustibles también concentra críticas, principalmente por el aumento de impuestos a la gasolina y el ACPM, lo que tendría repercusiones que trascienden el transporte, incrementando los costos de bienes básicos e impactando directamente en la inflación y el costo de vida. Este aspecto es especialmente relevante en la canasta familiar y en la actividad de los transportadores de alimentos, con posibles consecuencias negativas para toda la economía.
Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, también ha manifestado su preocupación por el aumento de impuestos a la clase media y trabajadora, resaltando además el mayor gravamen a plataformas de streaming, cuyo coste probablemente se trasladará al consumidor final.
En resumen, los principales sectores económicos y expertos consultados señalan que la reforma tributaria planteada mantendría o aumentaría cargas fiscales en áreas sensibles como el sector financiero, extractivo y las finanzas personales, lo que podría generar efectos adversos sobre la inversión, la competitividad y el crecimiento económico en un escenario nacional que demanda estímulos para la recuperación y desarrollo sostenible.
Redacción BusinessCol
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