COLOMBIA, Julio 22 de 2026. El Ministerio de Hacienda radicó ante el Congreso de la República el nuevo proyecto de ley de reforma tributaria, en un intento por reactivar gravámenes previamente anunciados y aplicados durante emergencias económicas, con el fin de aumentar la recaudación fiscal en Colombia para los próximos años bajo la administración del presidente Gustavo Petro.
El articulado presentado, que consta de 105 páginas, propone un aumento significativo de impuestos sobre los combustibles, aspecto central y controvertido que busca generar alrededor de $3,6 billones para 2027 y proyecta ingresos por $8 billones a partir de 2028. La iniciativa contempla elevar el impuesto sobre las ventas (IVA) aplicado a la gasolina y al ACPM (diésel), aumentando la tarifa del 5% al 10% para el año 2027 y adoptando la tarifa general del 19% a partir de 2028. Igualmente, grava los biocombustibles de origen vegetal o animal con la tarifa general desde 2027 y el alcohol carburante desde el 1 de julio de ese año.
En cuanto a los vehículos, la reforma elimina el beneficio de IVA preferencial del 5% para los híbridos, que pasarán a pagar la tarifa general del 19%, mientras que los vehículos eléctricos conservarán este incentivo, alineándose con la política de focalizar apoyos en tecnologías de cero emisiones.
El documento también incluye la reactivación del IVA del 19% para los juegos de azar en línea, buscando equiparar el tratamiento tributario de estos servicios digitales con sus equivalentes presenciales. Según el gobierno, esta medida generaría un recaudo cercano a $1,7 billones durante 2027 sin impactos inflacionarios directos en la economía.
Otro punto de relevancia es la inclusión del impuesto del 19% a los servicios turísticos prestados a no residentes en Colombia, modificando una exención vigente que otorgaba beneficios a estos servicios.
En materia de renta personal, la reforma ajusta las deducciones por dependientes para acabar con la duplicidad generada por los beneficios actuales, eliminando beneficios dispuestos en la Ley 2277 de 2022 que permitían deducciones acumulativas sin justificación, y estimando un aumento en el recaudo de $1.408 millones para 2028.
Adicionalmente, se propone eliminar el descuento aplicado a los dividendos para fortalecer la progresividad fiscal, lo que se traduce en un recaudo proyectado de $984.000 millones para 2028. También desaparece el beneficio que realizaba ajustes sobre rendimientos financieros por inflación, medida que para el próximo año significaría $419.000 millones adicionales en recaudación.
Para rentas líquidas superiores a 1.700 UVT, se plantea una tarifa máxima marginal del 41%, con la intención de estrechar la brecha entre la tarifa efectiva y la tarifa nominal, promoviendo mayor equidad fiscal. De acuerdo con las estimaciones oficiales, esta determinación mejoraría el recaudo en un billón de pesos para 2028.
La reforma también incrementa las tarifas para ganancias ocasionales provenientes de rifas, juegos de azar y similares, aumentando el gravamen del 20% al 30%, y eleva la sobretasa para instituciones financieras del 5% a un 15% adicional sobre la tarifa general. Esta última propuesta, manteniendo la sobretasa permanente, permitiría un recaudo adicional de hasta $1,3 billones en 2027, ascendiendo a cerca de $2,9 billones en 2030.
En conjunto, el gobierno estima que la reforma tributaria contribuirá con una recaudación de $21,9 billones para 2027, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto, aumentando a $37 billones en 2030. Estos recursos se distribuirán entre reducción del gasto tributario, medidas de progresividad, impuestos a externalidades negativas y ajustes en exoneraciones para aportes de seguridad social.
Este proyecto enfrentará grandes retos políticos y sociales en el Congreso, considerando el impacto directo que tendrá en múltiples sectores y personas naturales, especialmente por el incremento de tributos a combustibles y la eliminación de ciertas exenciones que beneficiaban a contribuyentes y sectores específicos. Además, la propuesta plantea una discusión crucial sobre el equilibrio entre la necesidad de aumentar ingresos fiscales y la preocupación por la afectación económica a hogares y empresas, en un contexto económico nacional que aún muestra retos de recuperación y estabilidad.
Analistas económicos y sectores empresariales han expresado dudas sobre la viabilidad de esta reforma en el Congreso entrante, enfrentando una opinión pública que podría cuestionar especialmente el aumento en impuestos al consumo de combustibles y cambios en beneficios tributarios para familias y pequeños contribuyentes.
La discusión venidera reflejará las tensiones existentes entre la urgencia fiscal del Estado y la capacidad contributiva real de los colombianos, en un panorama donde la eficiencia, equidad y progresividad del sistema tributario siguen siendo temas esenciales para la sostenibilidad económica del país.
Redacción BusinessCol
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