COLOMBIA, Agosto 6 de 2026. Un informe de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) reveló que los colombianos han pagado un total de $24,9 billones en el servicio de energía relacionados con obras de transmisión inconclusas durante el periodo comprendido entre 2022 y 2025. Esta cifra representa el 42,2 % del costo total acumulado por restricciones en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre 2008 y 2025, monto que ascendió a $58,9 billones.
El reporte denominado Análisis de la expansión de la transmisión en Colombia 2026 evaluó el estado de avance en la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR), y destacó que el 48,5 % de las 390 restricciones reportadas, es decir 189, no cuentan con un proyecto de expansión asociado. Además, el 94,9 % de estas restricciones no tiene una obra en ejecución conforme al cronograma previsto. Entre las principales causas de los retrasos se encuentran aspectos logísticos y técnicos, demoras en el licenciamiento ambiental, y dificultades en la gestión de predios y servidumbres.
El informe subraya que el costo de las restricciones del SIN se ha elevado significativamente en los últimos años, pasando de $1,15 billones en 2008 a un máximo de $8,34 billones en 2024, siendo este último monto 7,2 veces superior al registrado en 2008. En 2025, en un contexto de normalización hidrológica, el costo descendió a $5,36 billones, aunque se mantuvo 4,7 veces por encima del monto inicial. También se identificó una correlación positiva significativa (+0,87) entre el número de proyectos vencidos y el costo total de las restricciones, con 30 proyectos vencidos en 2025 frente a ninguno en 2008.
Por regiones, la zona Caribe concentra el 39 % de las restricciones y 73 de ellas carecen de un proyecto asociado. El análisis también señala que entre 2008 y 2025, las restricciones relacionadas con la red de transmisión representaron entre el 54,3 % y el 89,2 % de la generación de seguridad fuera de mérito, con un promedio de 71,4 %. Asimismo, se reporta que varios proyectos del STR están pendientes de definir su mecanismo de ejecución debido a la falta de manifestación de interés de los operadores de red o al vencimiento de plazos regulatorios.
Ante este panorama, la Superservicios recomendó ocho medidas regulatorias y de política pública para mejorar la situación. Entre ellas, fortalecer la coordinación entre la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), los operadores de red y XM para contrastar las restricciones con proyectos existentes y definir obras para mitigarlas o eliminarlas. Se propone además adelantar convocatorias para proyectos que no reciben manifestación de interés por parte de los operadores, promover mecanismos que aceleren el licenciamiento ambiental y mejorar la coordinación interinstitucional para agilizar permisos y trámites.
La entidad también enfatizó la necesidad de priorizar proyectos cuya demora impacta directamente en las restricciones, especialmente en las regiones Caribe y Oriental, definir mecanismos de ejecución para las 189 restricciones sin proyectos asociados, y evaluar que las solicitudes de modificación de fechas de puesta en operación incluyan estimaciones del sobrecosto que generan estas demoras para la demanda.
Este análisis evidenció la importancia de avanzar en la ejecución efectiva de obras de transmisión para evitar cargas adicionales a los usuarios y fortalecer la seguridad energética del país, factor clave para la incorporación de nueva generación y conexión de proyectos al SIN.
Redacción BusinessCol
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