COLOMBIA, Septiembre 8 de 2026. La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo fiscal por un valor de 370.487 millones de pesos relacionado con dos contratos interadministrativos suscritos entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad para las Víctimas, destinados a la adquisición de predios rurales para el Fondo de Tierras. Según un informe al que tuvo acceso EL TIEMPO, la ANT desembolsó el 95,67 % de los cerca de 710.000 millones de pesos comprometidos, pero sólo se acreditó la transferencia real de dominio sobre el 45,46 % del dinero desembolsado.
La revisión se concentró en los contratos identificados como ANT-202413098, por cerca de 410.000 millones de pesos, y ANT-20245680, por alrededor de 300.000 millones. El reporte señala que, aunque se desembolsaron 393.001 millones en el primer contrato, sólo se acreditaron traspasos por 100.685 millones. En el segundo contrato, se giraron 286.268 millones y se respaldaron 208.095 millones a través de actos jurídicos de transferencia.
El órgano de control cuestionó la realización de desembolsos sin una correspondencia proporcional en la consolidación del dominio de los predios a favor de la ANT. Además, advirtió que los inmuebles tenían distintas situaciones jurídicas que requerían análisis individuales, tales como procesos de restitución y ocupaciones, así como otras contingencias que podrían afectar la transferencia definitiva.
La ANT, en respuesta radicada el 27 de julio de 2026 bajo la dirección de Felipe Harman, solicitó al Contraloría que retirara la observación e incidencias fiscal, penal y disciplinaria. Argumentó que los contratos corresponden a procesos progresivos y no a compraventas con ejecución inmediata, y destacó que ya se habían entregado provisionalmente más de 184 predios. Sin embargo, la entidad de control concluyó que esta explicación no desvirtuaba el hallazgo, señalando que la entrega material de predios no equivale a la transferencia real de dominio.
El informe también reveló que se sustituyeron 78 predios por 70 nuevos mediante un otrosí, implicando una reducción de más de 1.000 hectáreas pero un incremento del 20,76 % en el valor promedio por hectárea. La Contraloría confirmó que, aunque no encontró suficientes evidencias para imponer la incidencia penal por posible apropiación indebida, falsedad o engaño intencional, mantuvo las incidencias fiscal y disciplinaria para continuar con las actuaciones de control correspondientes.
Este hallazgo genera preocupación sobre la gestión de los recursos públicos destinados a los procesos de adquisición de tierras para las víctimas y pone en relieve la necesidad de mayor rigor en la administración y seguimiento de estos contratos. La continuidad de las investigaciones buscará esclarecer las responsabilidades y garantizar el correcto uso de los fondos públicos en cumplimiento de los objetivos establecidos por el Gobierno actual.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
