COLOMBIA, Septiembre 8 de 2026. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026 con el cual se levanta la suspensión general del porte de armas de fuego en el país, una medida que estaba vigente y prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026 según el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025.
Con esta decisión, el Gobierno nacional busca restablecer los permisos vigentes para el porte de armas sin requerir una autorización especial adicional. El decreto mantiene controles, restricciones y sanciones establecidas en la legislación vigente y reafirma que el levantamiento de la suspensión no equivale a una autorización general para portar armas, ni modifica el monopolio estatal sobre la tenencia y control de las mismas.
El presidente De la Espriella enfatizó que la medida pretende corregir el desbalance que impedía a los ciudadanos que cumplen la ley portar armas, mientras que grupos ilegales como disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN seguían armándose ilícitamente. Según datos de la Fuerza Pública, entre enero y septiembre de este año se incautaron 15.700 armas de fuego, de las cuales 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, con un número significativo vinculadas a estos grupos ilegales, incluyendo fusiles y morteros.
El decreto establece que el porte de armas estará siempre sujeto a la existencia de un permiso vigente expedido por la autoridad militar competente, y al cumplimiento de todas las condiciones, restricciones y obligaciones constitucionales y legales. Además, señala que las autoridades mantienen la facultad de adoptar medidas de suspensión, generales o individuales, si las condiciones de seguridad nacional, pública y orden público lo requieren.
Este levantamiento de la suspensión pone fin a la restricción general que estaba vigente para la población civil, pero sin eliminar el marco regulatorio que establece un monitoreo riguroso para evitar abusos y asegurar que sólo quienes cumplan con los requerimientos legales puedan acceder a este derecho.
La medida ha generado atención en distintos sectores, especialmente en relación con temas de seguridad y legalidad en Colombia, país que enfrenta desafíos en el control de armas ilegales y grupos armados ilegales. El decreto busca equilibrar la protección de los derechos de los ciudadanos legales con la necesidad de mantener el orden y la seguridad pública.
La decisión también elimina el trámite de autorización especial adicional para quienes contaban con permisos vigentes antes de la suspensión, un alivio administrativo que facilitará la renovación y continuidad de dichos permisos. Sin embargo, el Gobierno enfatiza que la ley y las políticas aplicables en materia de permisos, control y fiscalización continúan vigentes y serán adoptadas con rigurosidad.
Finalmente, el presidente De la Espriella resaltó que la seguridad no puede construirse desarmando al ciudadano que respeta la ley y reiteró el compromiso del Gobierno para enfrentar los delitos relacionados con armas ilegales y fortalecer la convivencia y tranquilidad en el país.
Redacción BusinessCol
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