COLOMBIA, Noviembre 10 de 2026. El Gobierno nacional anunció que para atender la reconstrucción de la infraestructura vial afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto se requieren recursos por aproximadamente $2,7 billones. La ministra de Transporte, Elsa Noguera, presentó esta cifra durante el XIII Congreso de Asofiduciarias y explicó las distintas estrategias que se evalúan para financiar las obras en las zonas afectadas.
Según el balance oficial, del total de 113 puntos viales impactados por el sismo, 103 han recuperado el paso total mientras que aún 10 permanecen en estado crítico. En estas áreas, se necesitan intervenciones para reconstruir tramos de carretera, mejorar drenajes y reparar puentes cuyo deterioro previo al terremoto se agravó por la falta de mantenimiento.
De los $2,7 billones estimados, alrededor de $240.000 millones harían parte del déficit generado en los sistemas de transporte masivo por días de cierre y afectaciones derivadas del desastre natural. Para la infraestructura vial, se señala que se requieren cerca de $2,5 billones, con un monto aproximado de $1 billón destinado exclusivamente a cinco carreteras en el departamento del Chocó.
Estrategias de financiación para la reconstrucción
Entre las alternativas planteadas por el Ministerio de Transporte destaca la utilización de contratos de concesión vial vigentes en las zonas afectadas. Esta propuesta busca que las empresas concesionarias asuman obras relacionadas con la emergencia, incluso aquellas que no estaban contempladas inicialmente, haciendo uso de las herramientas establecidas en el Decreto 1424 de 2026.
La ministra Noguera explicó que esta metodología permitirá aprovechar la capacidad técnica y operativa de los concesionarios presentes en el territorio, acelerando las intervenciones sin depender exclusivamente de nuevas contrataciones públicas. Además, se analiza la posibilidad de ampliar el margen permitido para adiciones a contratos, pasando del 20 % actual hasta un 50 %, y de extender los plazos de ejecución, lo que modernizaría las reglas para las asociaciones público-privadas.
Como ejemplo, mencionó el caso de la concesión Buga-Buenaventura, donde se estaban suspendidas nueve de sus 21 unidades funcionales. Tras superar conflictos con comunidades y ambientales, las unidades volvieron a estar activas y se examina que obras adicionales puedan incorporarse para atender daños ocasionados por la emergencia.
No obstante, la ministra advirtió que los ingresos obtenidos por peajes no serán suficientes para cubrir la totalidad de los costos de reconstrucción, razón por la cual se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la revisión de la posibilidad de incluir vigencias futuras, es decir, compromisos presupuestales de ejercicios fiscales posteriores.
Se destacó que esta opción sería limitada en territorios como el Chocó, donde debido al bajo tráfico vial no existen concesiones ni la viabilidad para sistemas de cobro por peajes.
Ampliación del mecanismo Obras por Impuestos
Otra estrategia para financiar los trabajos involucra la ampliación del beneficio de Obras por Impuestos. Este mecanismo, que actualmente opera en municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y zonas ZOMAC, se propone extender para incluir otros municipios afectados por el terremoto que no hacen parte de esas categorías.
Esto permitiría a empresas y contribuyentes destinar recursos a proyectos de infraestructura vial a cambio del beneficio tributario, con el objetivo de movilizar mayor inversión privada que contribuya a la reconstrucción y el desarrollo local.
Noguera también informó que el sector concesionario ha donado los estudios y diseños en fase tres para algunas vías del Chocó, proporcionando así detalles técnicos que facilitan la estimación de costos y la ejecución de obras. Una vez conformados los proyectos, se presentarán a la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y serán evaluados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) antes de buscar financiamiento privado mediante Obras por Impuestos.
Situación fiscal y los retos del sector transporte
El planteamiento de estas soluciones se produce en un contexto marcado por las dificultades fiscales del Gobierno. La ministra de Transporte señaló que, en los últimos cuatro años, el gasto mensual promedio estatal ha sido de aproximadamente $40 billones, mientras que los ingresos rondaron los $29 billones, generando un déficit mensual de alrededor de $11 billones.
Además, manifestò que la deuda pública aumentó cerca del 50 %, pasando de $800 billones a $1.200 billones en ese mismo periodo, y que un tercio de los recursos del Estado se destinan al pago de deuda, entre capital e intereses.
En ese marco, la ministra defendió la llamada “ley de rescate”, que busca ajustar el gasto estatal a sus ingresos reales, más allá de solo cubrir el déficit actual.
El sector transporte también enfrenta reclamaciones judiciales y contractuales que suman más de $100 billones. Estos incluyen aproximadamente $8 billones por sentencias judiciales, $16 billones en controversias ante tribunales internacionales y cerca de $81 billones en reclamaciones. La ministra atribuyó parte de esas disputas a cambios unilaterales en los contratos, como el congelamiento de incrementos en peajes vinculados al índice de precios al consumidor.
Finalmente, destacó que el Gobierno está en diálogo con concesionarios y contratistas para buscar soluciones consensuadas que eviten mayores costos para el Estado, incluyendo la figura del “feliz componedor” para mediar y resolver diferencias contractuales.
Redacción BusinessCol
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