COLOMBIA, Noviembre 10 de 2026. El Gobierno nacional ha puesto en marcha una estrategia para restablecer la confianza en las vigencias futuras, consideradas inicialmente uno de los activos financieros más seguros en Colombia, pero que actualmente enfrentan un severo deterioro en su credibilidad, especialmente en sectores como los megaproyectos de infraestructura.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, expuso ante el Congreso de Asofiduciarias que esta pérdida de confianza se debe en gran parte a decisiones unilaterales adoptadas mediante decretos, como la congelación de tarifas de peajes ajustadas al índice de precios al consumidor (IPC) en contratos de concesión. Estas medidas generaron desconfianza entre las entidades financieras, que antes competían por otorgar créditos bancarios respaldados por estas vigencias futuras.
La alteración de las reglas contractuales y la falta de certeza jurídica han desencadenado un importante pasivo contingente para la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cuyo monto en demandas y reclamos supera los 100 billones de pesos. Este portafolio comprende 8 billones en sentencias judiciales que el Estado no está en capacidad de pagar actualmente, 16 billones en litigios internacionales en curso y 81 billones en solicitudes administrativas pendientes por parte de concesionarios.
Frente a esta situación, el Ministerio de Transporte ha asumido el papel de mediador directo, sentándose con contratistas y concesionarios para negociar y resolver estas controversias de manera concertada, con el objetivo de minimizar impactos económicos mayores para el Estado.
La cartera también destacó que la inversión total en el país ha descendido hasta un 15 % del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando uno de sus niveles más bajos en cinco décadas. El Gobierno se ha planteado la meta ambiciosa de duplicar este porcentaje hasta alcanzar el 30 % del PIB, cifra considerada indispensable para sostener un crecimiento económico anual entre el 5 % y el 6 %.
En contraste con estos retos, la inversión extranjera directa mostró un crecimiento del 45 % entre agosto y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la ministra Noguera, este dato refleja un proceso gradual de recuperación de la confianza por parte de los inversionistas internacionales, quienes continúan llegando al país con interés en distintos sectores.
Para acelerar la ejecución del gasto público y dinamizar la infraestructura, el Gobierno adelanta una modernización institucional que incluye la reducción de la burocracia, eliminación de la hiperregulación y la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial y transformación digital. Esta iniciativa apunta a aliviar cargas administrativas como los reportes duplicados que actualmente deben presentar las empresas de transporte ante diferentes entidades.
Adicionalmente, el Ministerio de Transporte ha asumido un rol activo para acompañar a los privados en procesos complejos y lentos, como la obtención de licencias ambientales, consultas previas y trámites prediales. Aunque estos aspectos son riesgos contractuales de los concesionarios, el Estado trabaja en conjunto con autoridades ambientales para destrabar y agilizar las obras que están paralizadas, buscando que las inversiones previstas puedan avanzarse con mayor fluidez.
Así, el Gobierno articula esfuerzos que buscan no solo resolver los conflictos derivados de decisiones pasadas, sino también crear un entorno más favorable para la inversión y el desarrollo de infraestructura sostenible en el país.
Redacción BusinessCol
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