COLOMBIA, Julio 2 de 2026. A partir del 25 de junio de 2026, las empresas con 100 o más trabajadores en Colombia están obligadas a cumplir con una nueva cuota de contratación de personas con discapacidad, según lo establecido en la Ley 2466 de 2025. Esta medida busca fomentar la inclusión laboral de un sector poblacional que actualmente enfrenta grandes desafíos para acceder a empleos formales en el país.
De acuerdo con cifras oficiales, tan solo el 19,6% de personas con discapacidad están empleadas, comparado con el 60,6% de la población sin discapacidad. La normativa dispone que las empresas deben contratar dos personas con discapacidad por cada 100 trabajadores en sus primeros 500 empleados, y a partir de 501 colaboradores, un trabajador con discapacidad adicional por cada 100 empleados. Esto implica que una empresa con 650 trabajadores debe tener mínimo 11 personas con discapacidad en su nómina.
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) ha destacado que esta obligación representa uno de los cambios más importantes en la gestión del talento humano de los últimos años y alertó sobre la necesidad de que las organizaciones se adapten rápidamente para cumplir con la norma. Además, advierten sobre la importancia de identificar correctamente quiénes pueden ser contabilizados dentro de la cuota, aclarando que no debe confundirse discapacidad con enfermedad laboral o pérdida de capacidad laboral, ya que únicamente cuentan aquellos trabajadores que cuenten con el certificado de discapacidad.
Más allá del cumplimiento normativo, el principal reto consistirá en construir espacios laborales inclusivos que permitan a las personas con discapacidad desarrollar su trabajo con las condiciones adecuadas. Se recomienda revisar procesos de selección, inducción y seguimiento al desempeño para garantizar apoyos y ajustes razonables. Es importante destacar que existen siete categorías oficiales de discapacidad en Colombia: auditiva, visual, sordoceguera, intelectual, psicosocial, física y múltiple, por lo que las adaptaciones pueden variar considerablemente.
Consultado sobre este tema, el Dr. Jairo Clopatofsky, experto en discapacidad y autor de la Ley 361 de 1997, señaló que es fundamental que las empresas incorporen una verdadera política pública en la contratación inclusiva. Según él, se debe velar porque esta política contemple ajustes razonables y que las empresas entiendan los incentivos tributarios existentes para la contratación de personas con discapacidad. Esto no solo facilitaría el cumplimiento legal, sino que promovería una inclusión laboral sostenible y efectiva.
La realidad laboral muestra que más del 57% de las personas con discapacidad trabajan por cuenta propia, modalidad que generalmente implica informalidad y mayor vulnerabilidad. Solo el 29% son empleados particulares y apenas un 2,8% están vinculados al sector público. Por ello, la cuota obligatoria puede representar una oportunidad para que más personas con discapacidad accedan a empleos formales con condiciones estables y perspectivas de crecimiento profesional.
La presidenta ejecutiva del CCS, Adriana Solano Luque, enfatizó en la urgencia de eliminar barreras actitudinales, sociales y culturales dentro de las organizaciones. Señaló que el verdadero desafío es aprovechar el talento, capacidades y experiencia diversa, dejando a un lado prejuicios y estigmas, para construir entornos laborales verdaderamente inclusivos y equitativos.
Con la entrada en vigor de esta medida, miles de empresas deberán realizar ajustes en sus procesos de selección y capacitación, no solo para cumplir la cuota sino para garantizar que las nuevas contrataciones puedan desarrollarse profesionalmente en entornos adecuados. La implementación de esta disposición podría significar un avance importante en la inclusión laboral de personas con discapacidad en Colombia, siempre y cuando se asuma con compromiso más allá de la mera obligación legal.
Redacción BusinessCol
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