COLOMBIA, Noviembre 3 de 2026. El Gobierno colombiano impulsa una ambiciosa ley de rescate fiscal que propone modificaciones significativas al régimen del impuesto al valor agregado (IVA), afectando a parte de la canasta familiar y generando inquietudes sobre su impacto económico y su tramitación en el Congreso antes de que concluya la actual legislatura en diciembre.
Esta iniciativa contempla eliminar ciertos tratamientos preferenciales y ampliar la base de productos gravados con la tarifa general del 19%. Entre los cambios más controversiales está el gravamen a alimentos que tradicionalmente han estado excluidos o exentos del IVA, como frutas, verduras, hortalizas, fríjoles, miel y queso fresco. Según Lisandro Junco, exdirector de la DIAN, estos bienes pasarían a ser sometidos al impuesto general, mientras que otros productos esenciales, como carne, pollo, huevo, leche y pescado, mantendrían la exclusión del tributo.
Junco señala que esta modificación significa que “sí se grava la canasta familiar, pero no toda”, destacando que, si bien no todos los alimentos se gravarían, la ampliación del impuesto afectaría considerablemente a los consumidores y podría reflejarse en un aumento en los precios finales. Además, estos cambios podrían extenderse a los insumos y elementos utilizados en la producción agropecuaria, tales como concentrados para animales, plaguicidas, fungicidas y abonos, lo que implica un incremento en los costos de producción y una presión adicional sobre la inflación.
La propuesta además suprime la tarifa diferencial del 5% que aplica actualmente a ciertos bienes, elevando la carga tributaria al 19% en productos como café, trigo, avena, harina, aceites en bruto y pastas. También incluye el aumento de impuestos a bienes como licores, vinos, aperitivos, y la pérdida de trato preferencial para vehículos eléctricos, cargadores y bicicletas eléctricas, medidas que se prevé comiencen a regir a partir de 2028.
En cuanto a los bienes excluidos de IVA, el proyecto reduce significativamente la lista de productos en esta categoría, pasando de 110 a solo 19, lo que amplía aún más los gravámenes. Según el análisis de Junco, la modificación del artículo 477 del Estatuto Tributario implica que muchos productos que hoy tienen tarifa cero pasarían a pagar el impuesto general.
Otro punto clave de esta ley es la reforma al impuesto de renta para personas naturales, que incluye la reducción del umbral a partir del cual se empieza a tributar, pasando de 1.090 a 720 UVT anuales, lo que aumentaría la base de contribuyentes e incorporaría a más asalariados y trabajadores independientes. Esta medida implica que quienes ganen alrededor de 38 millones de pesos anuales comenzarían a pagar renta, frente a los casi 57 millones actuales, con una tarifa marginal inicial del 9% aplicable después de descontar aportes legales y otros ingresos exentos.
Sin embargo, el tiempo se convierte en un escollo importante para su aprobación. El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo manifestó sus dudas sobre la posibilidad de que un proyecto de esta magnitud pueda ser aprobado en un plazo tan corto, dada la terminación de la legislatura el 16 de diciembre y la complejidad del debate fiscal. Además, Restrepo advierte que las normas propuestas podrían impactar a las clases medias, lo que alimentará la oposición política en un contexto de mayorías gubernamentales precarias.
El análisis del proyecto revela la intención del Gobierno de enfrentar los retos fiscales mediante ajustes profundos en el sistema tributario, pero también muestra los riesgos sociales y económicos, especialmente relacionados con la inflación y el costo de vida. La discusión legislativa será crucial para definir el alcance y los posibles ajustes a esta reforma.
Redacción BusinessCol
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