COLOMBIA, Noviembre 7 de 2026. En medio de fuertes denuncias y un caso de intimidación, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, expresó este 7 de noviembre su respaldo incondicional al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos. El alto funcionario ha sido objeto de amenazas tras revelar supuestas irregularidades en la contratación de personal durante la administración anterior de Gustavo Petro.
De La Espriella denunció que el 28 de octubre fueron halladas tres personas con antecedentes penales –incluyendo homicidio y hurto agravado– dentro de la residencia del director Ríos. Esta situación ocurrió apenas días después de que el funcionario expusiera ante la Comisión Segunda del Senado que 48 mujeres presuntamente fueron contratadas en el DAPRE para acompañar al exmandatario, a través de órdenes de prestación de servicios que estarían ligadas a usos indebidos.
El mandatario calificó estas agresiones como un ataque directo a todo su equipo de Gobierno, enfatizando que la protección de sus colaboradores es una prioridad: “Ningún miembro de nuestra manada estará solo ni desprotegido. Cuando atacan a uno solo, nos atacan a todos”. Además, De La Espriella instó a que las denuncias de corrupción señaladas por Carlos Ríos sean investigadas exhaustivamente en los tribunales, señalando que el régimen anterior “tiene mucho que explicar ante los colombianos”.
Adicionalmente, el presidente aseguró que su Gobierno no permitirá que las amenazas o el miedo silencien a quienes luchan contra la corrupción y reiteró el compromiso de brindar seguridad tanto al director del DAPRE como a su familia.
Detalles de las amenazas y protección gubernamental
El vocero presidencial Miller Soto difundió imágenes de los tres hombres encontrados dentro de la vivienda del funcionario, individuos con múltiples antecedentes por homicidio y hurto agravado. Según el comunicado oficial, uno de ellos también fue visto vigilando a los hijos de Ríos a la salida del colegio, pero logró escapar cuando llegó la policía, incrementando la preocupación sobre la seguridad familiar del alto funcionario.
El caso se investiga para determinar si hay vínculos directos entre la aparición de estas personas y las denuncias realizadas por el director del DAPRE, considerando la proximidad temporal entre ambos hechos. Las autoridades trabajan para identificar al hombre que huyó y esclarecer si sus acciones forman parte de una estrategia de intimidación.
Las denuncias de Carlos Ríos sobre contrataciones en la Presidencia
El 21 de octubre, durante una audiencia en la Comisión Segunda del Senado, Carlos Andrés Ríos Puerta, abogado y cercano colaborador de Abelardo De La Espriella, denunció presuntas irregularidades en el gobierno de Gustavo Petro, señalando que 48 mujeres fueron vinculadas al DAPRE mediante órdenes de prestación de servicios con el fin de acompañar al entonces presidente.
El director aseguró que algunas de esas mujeres ya han presentado sus testimonios ante las autoridades y anunció que presentaría formalmente la denuncia para que la Fiscalía investigue los hechos. En efecto, el ente investigador abrió una indagación preliminar para revisar los contratos mencionados y recopilar evidencias que permitan clarificar la situación.
El Gobierno ha solicitado que, tanto las denuncias como las intimidaciones a funcionarios que colaboran con la justicia, sean investigadas con prontitud y a fondo para garantizar la transparencia y el respeto a la institucionalidad.
Carlos Ríos, quien fue gerente de campaña de Abelardo De La Espriella y es considerado uno de sus funcionarios más cercanos, ejerce desde el DAPRE un papel clave en la coordinación interna de la Casa de Nariño y en el apoyo a la gestión del presidente actual, lo que lo convierte en un actor fundamental dentro del Gobierno en materia de control y denuncias administrativas.
El respaldo presidencial, la atención respecto a la seguridad de sus funcionarios y la exigencia de investigación a las denuncias evidencian la disposición del actual Gobierno para enfrentar casos de presunta corrupción y proteger a quienes trabajan en su contra desinformación o amenazas.
Redacción BusinessCol
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