COLOMBIA, Noviembre 7 de 2026. Una investigación periodística reveló que Verónica Guerrero, hermana de Juliana Guerrero, habría suscrito tres contratos por contratación directa con diferentes entidades del Gobierno nacional durante la administración de Gustavo Petro. Según la información, recogida inicialmente por medios nacionales, estos acuerdos estuvieron vinculados principalmente con el apoyo en temas administrativos y de gestión orientados a poblaciones vulnerables, entre ellas las comunidades indígenas de La Guajira.
Los contratos se establecieron con el Ministerio del Interior y Colombia Compra Eficiente, entidades que desempeñan funciones en la atención de grupos poblacionales prioritarios y en la gestión pública. Sin embargo, un aspecto que ha generado cuestionamientos es la ausencia de informes o documentos de gestión que acrediten las actividades realizadas por Verónica Guerrero durante la ejecución de estos contratos, a pesar de que los pagos pactados fueron efectuados en su totalidad.
Uno de los contratos está asociado a las acciones institucionales relacionadas con la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional frente a múltiples vulneraciones de derechos fundamentales de la población indígena wayúu en La Guajira. Este acuerdo tenía como objetivo específico el acompañamiento a las intervenciones estatales para garantizar el acceso a derechos básicos como agua, alimentación y atención en salud.
Por otro lado, los otros dos contratos se realizaron con Colombia Compra Eficiente para desarrollar labores de apoyo administrativo, logístico y divulgativo sobre los servicios que ofrece esta agencia. Estos dos contratos tuvieron vigencias distintas y sumaron pagos próximos a 19 millones de pesos. El primero inició en octubre de 2022 con un valor cercano a seis millones de pesos y duración de 85 días, y el segundo en febrero de 2023, con un plazo de 182 días y un monto aproximado de 13 millones de pesos.
La información también destaca que al momento de la vinculación, Verónica Guerrero tenía 24 años, contaba con estudios de bachillerato y tenía experiencia laboral limitada, avalada por la Fundación Raíces Afro. Su perfil ha sido objeto de análisis en relación con las funciones asignadas, especialmente teniendo en cuenta los desafíos estructurales de la población atendida y los compromisos estatales en materia de derechos humanos.
La ausencia de evidencias sobre la gestión y resultados derivados de estos contratos ha encendido las alarmas sobre la transparencia y efectividad en la ejecución de recursos públicos durante el gobierno actual. Hasta la fecha, Juliana Guerrero no ha emitido declaraciones públicas relacionadas con los cuestionamientos sobre las vinculaciones contractuales de su hermana con el sector público.
Esta situación se suma a otros temas de interés público que el Gobierno de Gustavo Petro enfrenta en materia de contratación y vigilancia del correcto uso de recursos estatales. La falta de documentos de soporte dificulta la evaluación de resultados y abre debates sobre la responsabilidad en la supervisión de estos contratos.
El caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la administración pública, especialmente en contratos relacionados con poblaciones vulnerables y compromisos normativos que buscan garantizar el acceso a derechos fundamentales.
Las entidades involucradas y autoridades competentes tienen en sus manos la tarea de esclarecer los hechos y adoptar medidas para evitar vacíos en la gestión de recursos que puedan afectar la confianza ciudadana y la efectividad de las políticas públicas.
Redacción BusinessCol
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de BusinessCol.
