COLOMBIA, Septiembre 23 de 2026. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) enfrentará en 2027 un fuerte recorte presupuestal del 56 por ciento en sus recursos de funcionamiento, quedando con unos $556.767 millones para sus labores misionales, según explicó Lina María Garrido, directora de la entidad, ante la Comisión Quinta del Senado durante un debate de control político.
Pese a esta reducción, la directora aseguró que el presupuesto asignado no impedirá avanzar con la implementación de la Reforma Agraria, ni con los procesos de acceso y formalización de tierras que son prioridad para la entidad. De los recursos, $553.567 millones provendrán del Presupuesto General de la Nación y $3.200 millones serán propios de la ANT.
Garrido señaló que dada la reducción, la ANT concentrará esfuerzos en las funciones esenciales, destinando un 14 por ciento del presupuesto a procesos de formalización y un 9 por ciento a adjudicaciones, actividades claves para la organización de la propiedad rural y la entrega de tierras a sectores priorizados como campesinos, comunidades étnicas y otros grupos rurales.
El ordenamiento social de la propiedad rural será el eje central en 2027, incluyendo el trabajo con comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Las acciones se centrarán en organizar la ocupación y el uso de la tierra rural, además de formalizar tanto predios privados como aquellos con vocación agropecuaria.
Durante su intervención, la directora también cuestionó la gestión de la administración anterior durante el gobierno de Gustavo Petro, destacando las auditorías forenses que han identificado posibles irregularidades en contratación y ejecución. En este sentido, manifestó que la ANT continuará presentando denuncias penales y quejas disciplinarias relacionadas con esos hallazgos.
En concreto, Garrido mencionó que en los cuatro años anteriores se realizaron cerca de 40.000 contratos de prestación de servicios con 28.000 contratistas, que implicaron un gasto total de $1,6 billones. Este volumen de contratación, afirmó, ha impactado en los atrasos actuales, con más de 105.000 solicitudes sin respuesta y más de 600 requerimientos pendientes desde 2025.
Respecto a las metas de la Reforma Agraria alcanzadas, según la directora, de una meta inicial de formalización de 3,9 millones de hectáreas se ha logrado apenas el 41 por ciento, mientras que las adjudicaciones llegaron solo al 6,6 por ciento, con cerca de 99.477 hectáreas entregadas de las 1,5 millones planteadas.
Garrido también aludió a convenios que han sido objeto de revisión, como el acuerdo con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por cerca de $1 billón en terrenos. En esta revisión se hallaron casos con dobles avalúos, predios sin vocación agropecuaria y diferencias en conceptos agronómicos. Asimismo, mencionó la entrega de tierras al exsenador Jorge Torres Victoria, conocido como Pablo Catatumbo, en menos de un año.
En cuanto al Fondo para la Reparación de las Víctimas, con un convenio que supera los $500.000 millones, la directora mencionó un caso en Puerto López, Meta, donde se entregó un predio de más de 1.164 hectáreas a una asociación campesina cuya representante legal admitió que sus miembros no eran campesinos y residían en Villavicencio.
Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalencio Dangond, indicó durante la sesión que no se planea la compra de tierras nuevas por ahora, dada la disponibilidad actual de alrededor de un millón de hectáreas en el Fondo de Tierras de la ANT para entregar a productores y comunidades étnicas.
Este nuevo panorama presupuestal marca un cambio importante frente a años recientes. En 2023 el presupuesto total de la ANT alcanzó $1,85 billones, en 2024 ascendió a $4,2 billones, para 2025 bajó a $1,7 billones y en 2026 se ubicó en $1,1 billones. Para 2027, el monto estimado de $556.767 millones representa un ajuste significativo para la ejecución de políticas de tierras.
Al cerrar su intervención, Lina María Garrido reafirmó el compromiso de la administración actual con el campo y con la finalidad de lograr una Colombia con mayor número de propietarios rurales, enfatizando que el presupuesto se enfocará en defender la Reforma Agraria sin derroches ni burocracia innecesaria.
Redacción BusinessCol
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